Esta compañía de seguridad privada del mercado español ha recibido el prestigioso premio empresarial Europe’s 500, que la acredita como la séptima compañía con mayor crecimiento del panorama europeo. Este galardón, promovido por la asociación empresarial Europe’s 500 y la Escuela de Negocio IESE, premia a pequeñas y medianas empresas que han destacado por haber alcanzado un mayor crecimiento en el último año.

Europe’s 500 es una plataforma de networking fundada en 1996 que integra a más de 2.300 compañías con el objetivo de impulsar el espíritu empresarial, favorecer el intercambio de conocimiento y contribuir al crecimiento del empleo en nuestro continente. Por su parte, IESE, vinculada a la Universidad de Navarra, está reconocida como una de las diez más prestigiosas Escuelas de Negocio a nivel mundial.

El listado Europe’s 500 publicado por la organización incluye a aquellas compañías que han conseguido aumentar su plantilla al menos un 39% y su facturación un 29% desde 2009 al 2012 y tiene en cuenta además su estabilidad financiera, independencia y creatividad para alcanzar una estrategia empresarial de éxito.

Casesa ha experimentado su facturación más de un 30% en los últimos 5 años, alcanzando un volumen de 154,7M€. En cuanto a la evolución de su plantilla, la compañía ha alcanzado al cierre de 2012 6.300 empleados, lo que supone aproximadamente un 14% más que el pasado año y un 26% más que en 2010. El premio Europe’s 500 es, por tanto, un reconocimiento a su trayectoria.

La empresa se compromete a poner al día el abono de las nóminas antes del próximo 15 de mayo. Varios ministerios deben hasta 400.000 euros a Serramar y ésta es una de las causas por las que la empresa encargada de la vigilancia del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) está registrando retrasos de cerca de veinte días en el abono de las nóminas a 20 de los 45 trabajadores que tiene en la ciudad, según fuentes de la empresa consultadas por El Faro.

Por su parte, el sindicato USO, mayoritario en Serramar, aseguraron ayer a este periódico que también influye en los retrasos del abono de nóminas el hecho de que la empresa haya renovado recientemente el contrato para continuar con la vigilancia del CETI ya que este proceso administrativo lleva sus plazos burocráticos de adjudicación y publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

“El concurso salió muy tarde y mientras sale en el BOE, luego se adjudica, se publica… pasa entre un mes y un mes y medio ”, señalaron desde ese sindicato.
La Administración del Estado debió ingresar esos 400.000 euros tras la ampliación del contrato para que Serramar se encargue del servicio de vigilancia del CETI. Ese dinero aún sigue pendiente de pago, según fuentes de la empresa.

Los vigilantes de seguridad a los que no subrogó Prosetecnisa anunciaron que entregarán en la Fiscalía un anuncio publicitario de la empresa en el que les propone que soliciten la rescisión de sus contratos con Sequor, que cobren la indemnización del Fogasa y una vez...

El diputado nacional del PP de La Rioja Conrado Escobar, ha señalado que el Anteproyecto de Ley de Seguridad Privada "pretende regular esta materia de manera integral, para que la seguridad privada sea un sector subordinado, complementario y coordinado de la seguridad...

Es evidente que todos los imputados que han ido desfilando por el Juzgado de Instrucción número 51 para prestar declaración ante el instructor del caso Madrid Arena se han culpado unos a otros a la hora de asumir responsabilidades, sobre todo en materia de seguridad. Ya van muchas horas de declaraciones (a una media de tres horas por imputado) y ante tantas concreciones y precisiones sobre quién ordenó o quién ejecutó tal orden aquella noche, el juez Eduardo López Palop solicita al Ministerio Fiscal en una providencia del pasado lunes que se pronuncie acerca de la posibilidad de realizar careos entre algunos imputados.

En concreto, para aclarar quién fue el que abrió o, mejor dicho, quién ordenó abrir el famoso portón situado en cota 0 por el que entraron miles de jóvenes directamente a la pista central. En este punto, los encargados de la seguridad del recinto (Seguriber) y los responsables del pabellón (Madridec) difieren, quizás porque el responsable de esa decisión también podría serlo de un delito de homicidio si se demuestra, como cree el juez Palop, que ese gesto tiene relación directa con la muerte de las cinco chicas.

Tanto Raúl Monteverde, jefe de equipo de Seguriber, como José París Nalda, coordinador de vigilantes de la misma empresa, acusan a Francisco del Amo (coordinador de operaciones y proyectos de Madridec) de ser el encargado de dar esa orden. El magistrado baraja volver a citar a Del Amo o «practicar nuevas diligencias para esclarecer este importante extremo, como pudiera ser un careo», dado que el próximo día 26 vuelve a declarar un miembro de Seguriber, Antonio Díaz Romero, a quien el jefe de equipo de la empresa de seguridad acusa de abrir el portón tras recibir órdenes de Madridec. También recoge este punto de la providencia que José Ruiz Ayuso, responsable de Madridec (quien cargó contra su jefe Del Amo), afirmó que son los trabajadores de Seguriber y no los de Madriec quienes únicamente tienen el mando de apertura del portón.

El conseller de Interior, Ramon Espadaler, ha avisado hoy que el anteproyecto de ley de seguridad privada del Gobierno supone un "paso atrás" en materia competencial y ha reivindicado que la Generalitat ejecute la autorización, inspección y sanción en seguridad...

El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, ha informado a la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) de la intención de recurrir a la seguridad privada para la vigilancia exterior de las cárceles,...

Recientemente el Ministro del Interior presento al Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley de Seguridad Privada que os adjuntamos integramente así como la valoración de la iniciativa y observaciones al articulado del texto por parte del Colectivo.

La juez Mercedes Alaya que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía ha confirmado la imputación en esta causa del secretario general de la Federación de Industria de CCOO-A, Enrique Manuel Jiménez García, por su «intervención» en la inclusión de un ‘intruso’ en la póliza de prejubilaciones de la empresa Calderinox.

En un auto dictado el pasado mes de marzo, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla rechaza el recurso interpuesto por el alto cargo de CCOO-A contra el auto dictado el 27 de enero de 2012, en el que lo imputaba después de reconocer ante la Guardia Civil «su intervención» en la introducción de Antonio Fernández Garzón en Calderinox.

La juez pone de manifiesto que, con su inclusión en la póliza de Calderinox, este ‘intruso’ «percibiría una renta de 199.299,96 euros, cuando la única indemnización a la que tenía derecho por la extinción de su relación laboral de la empresa Litalsur, a la cual pertenecía realmente, era de 27.976,44 euros». Así, y según la documentación remitida por Litalsur, este ‘intruso’ «recibió de dicha empresa en el año 2008 la cantidad neta de 27.025,23 euros, equivalentes a 27.976,44 euros brutos, en concepto de indemnización por cese de su relación laboral».

«No puede negar dos hechos»

La juez Alaya asevera que el alto cargo de CCOO-A «no puede negar dos hechos», como son que «ni desconoció la falta de rigor administrativo y transparencia con la que se operaba presuntamente en la Consejería de Empleo y pudiera ser que justificara con ello la actuación que se le cuestiona», ni tampoco que «era extraordinariamente irregular que reclamara con insistencia, verbalmente y por escrito, al unísono con el delegado provincial de Empleo», la inclusión del ‘intruso’ «en una póliza que era ajena» al entonces director general de Trabajo, Juan Márquez.

Una vigilancia un tanto laxa y no por falta de empeño, sino de medios. Los juzgados y otras dependencias judiciales de la provincia de Alicante sufren una serie de carencias que el Sindicato de los Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) ha puesto de manifiesto con la presentación dos escritos ante la Dirección General de Justicia y ante la Guardia Civil provincial y autonómica para que pongan freno a esta situación de precariedad. En los documentos la formación sindical describe de forma detallada las infraestructuras que deberían funcionar mejor o simplemente funcionar, de modo que en caso de que algo ocurra «se puedan pedir responsabilidades» a la persona responsable de la Dirección General.

Se trata de escáneres empleados a modo disuasorio, cámaras de vigilancia que graban bien poco o falta de ‘walkie talkies’ para los agentes de la Benemérita y de la empresa adjudicataria de la seguridad de la Conselleria de Justicia. De tal modo que en el Palacio de Justicia de Benalúa, denuncia el sindicato, el escáner y el detector de metales «están rotos», y así lo hace constar en su escrito. Por ello, desde el STAJ recalcan que la seguridad de los trabajadores y usuarios de los edificios judiciales, tales como magistrados, fiscales, secretarios, funcionarios y ciudadanos en general, «es inexistente».

Y no se trata de una situación exclusiva de Benalúa, en Alicante, a tenor de lo relatado por la agrupación de funcionarios. Así, las instalaciones de Pardo Gimeno, ubicadas frente al palacio judicial alicantino, «carecen de escáner». Mientras, cuentan que la cámara de seguridad «no funciona ni en el exterior ni en el garaje», el sistema de grabación «está roto», pues se difumina la imagen, «con lo que no se ven las matrículas» de los vehículos que acceden libremente al ‘parking’.